Europa estrena su nueva ley de contratación pública: la Comisión abre la puerta a acabar con el “todo al precio más bajo”

La Comisión Europea ha presentado hoy, 9 de septiembre de 2026, su propuesta de Reglamento sobre Contratación Pública (Public Procurement Act), la reforma más profunda del sistema de compras públicas europeo en más de una década. El nuevo texto sustituirá a las tres Directivas de 2014 por una norma de aplicación directa e idéntica en los 27 Estados miembros, y afecta a una partida colosal: el 15% del PIB de la Unión Europea, unos 2,6 billones de euros al año en contratos públicos, desde edificios, carreteras, hospitales hasta, muy especialmente, los contratos de alimentación.

Desde Mensa Cívica llevamos años señalando que la obsesión por el precio más bajo en los contratos de comida es incompatible con una alimentación saludable, sostenible y justa para quienes la producen. Por eso hemos participado activamente en la consulta pública previa a esta reforma, y vemos con satisfacción que buena parte de nuestras propuestas, algunas de cáracter general, aparecen recogidas en el texto que la Comisión ha adoptado hoy formalmente.

Lo que cambia para los comedores escolares

El precio deja de mandar por decreto. La propuesta convierte la “mejor relación calidad-precio” en el criterio de adjudicación por defecto, con una ponderación mínima de calidad del 30%, que sube al 50% en los contratos “intensivos en mano de obra”, de la cual una parte significativa deberá corresponder a consideraciones sociales. Es exactamente lo que Mensa Cívica lleva reclamando desde hace años: que no se elija a una empresa como quien compra folios, sino evaluando de verdad la calidad del producto, el origen y las condiciones laborales.

Novedad: los sistemas alimentarios entran en el propio texto europeo con un artículo propio, el número 53. Es el cambio más relevante respecto al borrador filtrado en julio. La versión final incorpora un considerando específico que reconoce el papel de la contratación pública en la resiliencia de los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria, citando expresamente los comedores escolares y hospitalarios como espacios clave para acercar a la ciudadanía a una producción alimentaria sostenible. El texto habilita a las administraciones a incorporar, siempre vinculados al objeto del contrato, criterios como la equidad en la cadena alimentaria, la producción ecológica, la frescura y estacionalidad, el bienestar animal o la propia organización de las cadenas de suministro: una vía explícita, aunque no vinculante, para primar el producto de proximidad.

Los comedores escolares mantienen su régimen simplificado. El Reglamento conserva para los servicios de restauración colectiva, comedores escolares y catering hospitalario un procedimiento de adjudicación simplificado, al considerar —como ya ocurre hoy— que su dimensión transfronteriza es “muy limitada”. Esto da a colegios y ayuntamientos amplio margen para aplicar criterios de calidad, origen y sostenibilidad sin las rigideces de una licitación plenamente competitiva.

Menos margen para la picaresca de las bajas temerarias, con mecanismos que obligan a rechazar ofertas anormalmente bajas que no puedan justificarse adecuadamente, y con más peso al coste real del ciclo de vida del servicio, no solo al coste de la factura.

Una reforma con letra pequeña que aún hay que vigilar

“Que estas ideas estén ya en una propuesta formalmente adoptada por la Comisión es una victoria de años de trabajo de la sociedad civil, pero el papel no da de comer a los niños y niñas por sí solo”, señalan desde Mensa Cívica.

La organización recuerda que esto es todavía una propuesta legislativa, no una ley en vigor: ahora empieza su negociación en el Parlamento Europeo y el Consejo, un proceso donde estas mismas exigencias pueden diluirse bajo la presión de sectores interesados en mantener el statu quo del precio más bajo. La propia ponderación mínima de calidad, además, queda sujeta a un mecanismo de “cumplir o explicar” que permite a las administraciones eludirla cuando consideren que la calidad ya está garantizada por otras vías.

Mensa Cívica seguirá vigilando de cerca esta negociación para que la letra final del Reglamento no traicione su espíritu: que cada euro de dinero público que se invierte en Europa contribuya a una alimentación, una sanidad y unos servicios públicos más justos, saludables y sostenibles.