De los impuestos que enferman a las políticas que alimentan

Mensa Cívica propone al Gobierno de España vincular una parte de la fiscalidad sobre productos perjudiciales para la salud a la financiación de una alimentación escolar saludable, sostenible y accesible para toda la infancia

La alimentación escolar no es un gasto más. Es una inversión en salud, educación, igualdad y futuro.

Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del informe Health Taxes for School Meals: A Global Toolkit for Financing a Healthy Future, publicado este año 2026 por ODI Global y la Sustainable Financing Initiative for School Health and Nutrition de la School Meals Coalition. El documento analiza una cuestión que merece también una reflexión en España: ¿podemos utilizar una parte de los ingresos obtenidos mediante impuestos sobre productos perjudiciales para la salud para financiar políticas que mejoren la alimentación y el bienestar de la infancia?

Desde Mensa Cívica creemos que sí. Y consideramos que ha llegado el momento de abrir este debate en España, con los pies puestos tanto en la ambición del informe como en sus propias advertencias.

El informe parte de una idea sencilla pero poderosa. Determinados productos, como el tabaco y el alcohol, y cada vez más las bebidas azucaradas y determinados alimentos ultraprocesados con elevados contenidos de azúcar, sal o grasas, generan costes que no quedan reflejados en su precio. Costes sanitarios, sociales y ambientales que terminan siendo asumidos por el conjunto de la sociedad.

La fiscalidad saludable puede contribuir a corregir esta situación. Pero puede hacer algo más: puede transformar parte de esos ingresos en inversión pública en salud, nutrición y educación.

Una fiscalidad con un triple beneficio

El informe identifica un potencial "triple beneficio" de los llamados impuestos saludables: reducir el consumo de productos perjudiciales, generar ingresos públicos y contribuir a políticas que produzcan resultados sociales progresivos.

Esta perspectiva es especialmente relevante cuando hablamos de infancia. Una política fiscal que encarece determinados productos perjudiciales puede tener un efecto preventivo. Pero si, al mismo tiempo, los recursos obtenidos permiten garantizar comidas escolares saludables y de calidad, estamos actuando sobre dos caras del mismo problema: reducimos los incentivos al consumo de productos poco saludables y aumentamos el acceso de niños y niñas a una alimentación equilibrada.

El informe recuerda que los programas de alimentación escolar tienen efectos que van mucho más allá de proporcionar una comida: mejoran la nutrición y la salud, favorecen los resultados educativos, reducen desigualdades, refuerzan la protección social y contribuyen a transformar los sistemas alimentarios. Además, la compra pública vinculada a estos programas puede generar oportunidades para productores locales y modelos agrícolas más sostenibles.

Por eso, desde Mensa Cívica entendemos que la alimentación escolar debe situarse en el centro de las políticas públicas de prevención y promoción de la salud.

No se trata simplemente de recaudar más

Es importante aclararlo: la propuesta no consiste en crear impuestos con el único objetivo de aumentar la recaudación.

El propio informe señala que el diseño de un impuesto saludable debe partir de un problema concreto, conocer el funcionamiento del mercado, valorar su impacto sobre el comportamiento de los consumidores y analizar sus efectos distributivos. Entre las decisiones fundamentales están qué productos gravar, sobre qué elemento aplicar el impuesto: precio, cantidad o contenido perjudicial; cuál debe ser el tipo impositivo; dónde se recauda y cómo se utilizan posteriormente los ingresos.

Desde Mensa Cívica defendemos, por tanto, una fiscalidad orientada a la salud, no una fiscalidad meramente recaudatoria. Esto implica priorizar aquellos productos y categorías cuyo consumo excesivo está asociado a problemas de salud y, cuando sea técnicamente viable, utilizar sistemas que incentiven también la reformulación de los productos.

El informe destaca precisamente que los impuestos basados en el contenido perjudicial, por ejemplo, en la cantidad de azúcar, tienen la ventaja de vincular directamente la carga fiscal con aquello que se pretende reducir y pueden incentivar a las empresas a reformular sus productos. Al mismo tiempo, reconoce que estos sistemas pueden ser más complejos de administrar, por lo que el diseño debe adaptarse a las capacidades de cada país.

Que quien contribuya a generar el problema contribuya también a la solución

Hay aquí una cuestión de justicia que consideramos fundamental.

Con frecuencia se argumenta que los impuestos sobre productos de consumo pueden tener efectos regresivos porque afectan proporcionalmente más a los hogares con menores ingresos. El informe invita a superar esta visión limitada y analizar también los beneficios a medio y largo plazo: menores costes sanitarios, mejoras de productividad, reducción de enfermedades y, especialmente, el destino de los ingresos obtenidos. Vincular esos recursos a políticas sociales como la alimentación escolar puede hacer que el resultado global sea más progresivo.

Por ello, la pregunta no debería ser únicamente quién paga el impuesto, sino también quién se beneficia de los recursos que genera. Pero esa progresividad no es automática: solo se materializa si el criterio de asignación prioriza explícitamente al alumnado y a los territorios con menor renta, en lugar de darlo por hecho como un efecto colateral.

Del impuesto al comedor escolar: construir un nuevo contrato social

Uno de los aspectos más interesantes del informe es su análisis de la posibilidad de vincular fiscalidad y gasto público mediante mecanismos de afectación de los ingresos, lo que en la jerga técnica del informe en inglés se conoce como earmarking.

Esta afectación puede adoptar formas distintas. La afectación "dura" fija por ley un porcentaje concreto de la recaudación de un impuesto para un programa determinado, reforzando la certeza y credibilidad de la financiación. La afectación "blanda" es un compromiso político y presupuestario visible, sin blindaje legal estricto, que preserva más flexibilidad para el conjunto de las cuentas públicas.

El informe aporta aquí un matiz que Mensa Cívica considera especialmente relevante para España: los países de renta alta tienden a evitar la afectación dura y a integrar esta financiación en el presupuesto general, recurriendo como mucho a compromisos blandos. No es casualidad: la recaudación de impuestos sobre bebidas azucaradas es sensible al precio y procíclica, es decir, tiende a caer justo en las crisis, cuando más comedores escolares se necesitan. Por eso no defendemos que cada euro recaudado por un impuesto saludable deba quedar automáticamente atado a una única partida presupuestaria. Defendemos algo distinto: que el Gobierno asuma un compromiso público, transparente y verificable de reinversión de una parte de estos ingresos en políticas de alimentación y salud infantil, adicional a la financiación estructural ya existente, nunca sustitutivo de ella.

La experiencia internacional demuestra que, con las salvaguardas adecuadas, también la afectación dura puede funcionar. El informe recoge el caso de São Tomé y Príncipe, cuyo Parlamento aprobó en 2023 una ley que destina el 2,5 % de la recaudación de los impuestos especiales sobre alcohol y tabaco al programa nacional de alimentación escolar. Un detalle del diseño nos parece decisivo: la propia ley establece que esos fondos deben complementar la financiación pública existente, no sustituirla. Esa cláusula, más que el porcentaje en sí, es la que convierte el earmarking en una herramienta de refuerzo y no en una coartada para reducir el compromiso presupuestario ordinario.

No se trata de copiar modelos de otros países de manera automática. Se trata de aprender de ellos, con sus condiciones y también con sus límites.

Qué debería hacer España

Desde Mensa Cívica proponemos que el Gobierno de España abra un proceso de trabajo conjunto entre los ministerios y administraciones competentes para estudiar una estrategia estatal de fiscalidad saludable y alimentación escolar. Esta estrategia debería contemplar, al menos, cinco líneas de actuación:

1. Evaluar la fiscalidad existente. Analizar qué impuestos sobre productos perjudiciales para la salud existen ya en España, incluidos los que aplican distintas comunidades autónomas sobre bebidas azucaradas; cuál es su impacto real sobre el consumo y qué potencial adicional existe para mejorar su diseño desde una perspectiva sanitaria, social y ambiental.

2. Reforzar la fiscalidad de los productos con mayor impacto sobre la salud. Especialmente aquellos productos y bebidas con elevados contenidos de azúcares, sal o grasas poco saludables, utilizando criterios nutricionales claros, transparentes y basados en evidencia.

3. Crear un mecanismo estable de reinversión, adicional y no sustitutivo. Establecer que una parte de los ingresos adicionales derivados de esta fiscalidad contribuya a financiar políticas de alimentación saludable infantil, garantizando, como en el caso de São Tomé y Príncipe, que estos recursos complementen y nunca reemplacen las partidas presupuestarias ya existentes, y que su diseño no dependa en exclusiva de un ingreso volátil.

4. Avanzar hacia una alimentación escolar universal, de calidad y con cocina propia. El objetivo no debería ser únicamente aumentar el número de becas de comedor. Debemos avanzar hacia un modelo en el que todos los niños y niñas puedan acceder a una comida saludable, equilibrada y sostenible durante la jornada escolar, prestando especial atención a las familias en situación de vulnerabilidad. Para Mensa Cívica, esa calidad solo es sostenible en el tiempo si los nuevos recursos se orientan a modelos de cocina en situ, que consideramos que aumenta el valor nutricional del menú y potencia el empleo de calidad, especialmente en el ámbito rural.

5. Vincular alimentación escolar y transformación del sistema alimentario. La inversión pública debe utilizarse también para impulsar productos frescos y de temporada, circuitos cortos, con un máximo de dos intermediarios, calendarios de estacionalidad y producción local, así como precios justos para el sector productor. La compra pública puede convertirse así en una herramienta de transición agroecológica y de soberanía alimentaria, no solo de suministro.

Una oportunidad para España

España tiene una oportunidad para situar la alimentación escolar en una política pública mucho más ambiciosa.

Durante demasiado tiempo, el comedor escolar se ha contemplado fundamentalmente desde la perspectiva de la conciliación familiar o de la ayuda económica. Ambas dimensiones son importantes, pero insuficientes. El comedor es también una infraestructura de salud pública: un espacio donde se forman hábitos alimentarios, donde se puede reducir la desigualdad, donde se puede garantizar el acceso a una alimentación adecuada, donde se pueden introducir criterios de sostenibilidad y donde la compra pública puede apoyar a productores y empresas comprometidas con modelos alimentarios más saludables. Sobre todo, es un espacio donde el Estado puede actuar antes de que aparezcan determinados problemas de salud.

El informe insiste en que las políticas de fiscalidad saludable funcionan mejor cuando se integran con otras medidas: educación, comunicación, regulación y promoción de hábitos saludables. La fiscalidad no puede ser una herramienta aislada. Por eso nuestra propuesta tampoco lo es, y por eso insistimos en que su diseño en España debe huir tanto de la rigidez excesiva como de la promesa fácil de una recaudación mágica que resuelva, por sí sola, la financiación de los comedores escolares.

Una propuesta de futuro

Mensa Cívica propone al Gobierno de España iniciar un debate político y social sobre cómo pasar de una fiscalidad que simplemente grava determinados consumos a una fiscalidad que ayude a financiar la transición hacia un sistema alimentario más saludable, justo y sostenible.

El mensaje puede ser muy sencillo: si determinados consumos generan costes para nuestra sociedad, una parte de los recursos obtenidos debe ayudar a financiar soluciones para esa misma sociedad, sin que ello sirva nunca de excusa para relajar el compromiso presupuestario ordinario con la infancia.

No hablamos de penalizar a las familias. Hablamos de diseñar una política fiscal que reduzca el consumo de productos perjudiciales, incentive cambios en la oferta y destine parte de los recursos a garantizar derechos y oportunidades.

No hablamos únicamente de impuestos. Hablamos de salud pública. No hablamos únicamente de comedores escolares. Hablamos de igualdad. No hablamos únicamente de recaudación. Hablamos de invertir en la infancia, con cocinas propias, proximidad en el suministro y precios justos para quienes producen los alimentos.

Este informe del que hablamos Health Taxes for School Meals plantea esta posibilidad como una oportunidad global para conectar fiscalidad, salud, educación y alimentación, dejando claro que cada país debe adaptar estas decisiones a su propio contexto. Desde Mensa Cívica creemos que España debería recoger el guante, y hacerlo con el mismo cuidado en el diseño que exige el informe: recursos adicionales, no sustitutivos; comprometidos por escrito; y dirigidos a un modelo de comedor escolar transformador y de calidad.