Comer bien no puede ser un privilegio: el derecho a la alimentación empieza en el comedor escolar

Cada mes de septiembre, millones de niñas y niños en España vuelven a las aulas y, con ellos, a los comedores escolares. Para muchas familias, ese comedor no es un servicio complementario: es un espacio alimentario, educativo y de conciliación donde muchos niños y niñas reciben una comida completa, y a veces la única garantizada del día. Y sin embargo, seguimos tratando el derecho a una alimentación adecuada como si fuera una cuestión de suerte: de en qué barrio se nace, de qué presupuesto tiene el ayuntamiento, de qué empresa gana el contrato de catering, en lugar de como lo que realmente es: un derecho.

Por eso, con el inicio de este curso 2026/2027, queremos invitar a la ciudadanía española a sumarse a la Iniciativa Ciudadana Europea «¡La alimentación es un derecho humano para todas y todos! Garantizar sistemas alimentarios sanos, justos y sostenibles», impulsada por la Coalición GoodFood4All, de la que formamos parte, que pide a la Comisión Europea legislar para garantizar el derecho a una alimentación adecuada en toda la Unión.

Lo que se decide en un pliego de contratación, se come en un plato

Desde Mensa Cívica llevamos años trabajando en política alimentaria escolar, contratación pública y defensa desde la sociedad civil. Si algo hemos aprendido en este tiempo es que el derecho a la alimentación no se juega en las grandes declaraciones, sino en decisiones técnicas que rara vez llegan a los titulares: cómo se redacta un pliego de contratación, si se exige producto de temporada y proximidad, si gana simplemente la oferta más barata, o si existe infraestructura pública que haga posible cocinar in-situ en lugar de simplemente calentar bandejas.

Estas decisiones, tomadas por administraciones locales y regionales con marcos normativos muy dispares, determinan si una niña o un niño come legumbre de proximidad cocinada esa misma mañana o un plato precocinado y recalentado tres veces antes de llegar a su bandeja. Determinan si el pequeño productor agroecológico de la comarca puede optar a suministrar al colegio del pueblo o si, por la vía de intermediarios y economías de escala, ese circuito corto es sencillamente inviable. Y determinan, en última instancia, si comer bien depende del código postal de cada familia.

Los niños y niñas no eligen el sistema alimentario en el que crecen

Es precisamente en la infancia donde estas desigualdades pesan más. Una niña o un niño no decide qué contrato de comedor firma su ayuntamiento, ni puede exigir que el menú escolar cumpla unos mínimos nutricionales, ni tiene margen para compensar con otra comida en casa si la familia no llega. Cuando el sistema falla, quien carga con las consecuencias en su desarrollo, en su salud, en su relación futura con la comida y es quien menos capacidad tiene de cambiar las reglas.

Por esa razón, los comedores escolares son, para nosotros, el terreno donde el derecho a la alimentación se vuelve más urgente y más concreto. No hablamos de un ideal abstracto, sino de algo tan tangible como qué hay hoy en la bandeja de una niña o un niño de ocho años. Garantizar ese derecho no puede depender de la voluntad política de turno en cada municipio, ni de si una entidad social tiene o no la capacidad de presionar en su comarca. Necesita un marco legal común, respaldado por toda la Unión Europea.

Una iniciativa, ochocientos mil kilómetros de distancia entre voluntad y ley

Las Iniciativas Ciudadanas Europeas existen precisamente para esto: para que la ciudadanía pueda pedir directamente a la Comisión Europea que legisle sobre algo que nos afecta a todos. la Iniciativa Ciudadana Europea «¡La alimentación es un derecho humano para todas y todos! Garantizar sistemas alimentarios sanos, justos y sostenibles» necesita un millón de firmas de al menos siete países de la Unión Europea antes de enero de 2027 para forzar una respuesta institucional. No es una petición simbólica: es una vía real, prevista en los tratados europeos, para que el derecho a la alimentación deje de depender de la buena voluntad de cada administración y se convierta en una obligación legal.

España tiene mucho que aportar a esta conversación: desde experiencias de contratación pública alimentaria pioneras hasta redes de cocinas comunitarias y economía social alimentaria que llevan años demostrando que otro modelo es posible. Hay, por tanto, mucho que ganar si esta legislación sale adelante.

Empezar el curso escolar firmando esta iniciativa es un gesto pequeño con una lógica muy simple: si de verdad creemos que ninguna niña ni ningún niño debería comer peor por el barrio en el que vive o el presupuesto que tiene su ayuntamiento, ha llegado el momento de pedir que la ley lo garantice.