Hacer de la alimentación un derecho también pasa por la PAC
La PAC destina en España más de 4.800 millones de euros al año solo en ayudas directas a las explotaciones agrarias. Con ese dinero público se decide, en buena parte, qué se produce, cómo se produce y a qué precio llega a nuestros platos. Y sin embargo, la política agraria rara vez se discute como lo que es: una política alimentaria.
Una política que moldea lo que comemos
Desde los años sesenta, la PAC estructura el modelo agrícola y alimentario europeo. Nació para garantizar rentas a quienes cultivan y crían, estabilizar los mercados, asegurar el abastecimiento y ofrecer precios razonables a la ciudadanía.
En España se aplica actualmente a través del Plan Estratégico nacional 2023-2027. De las ayudas directas, el 61 % va a la ayuda a la renta (ayuda básica y pago redistributivo), el 23 % a los ecoesquemas, el 14 % a ayudas asociadas a determinadas producciones y el 2 % a jóvenes agricultores. A ello se suman los programas sectoriales, como frutas y hortalizas, con 582 millones al año, y el desarrollo rural.
Hay avances. En 2023, el pago redistributivo, que refuerza las primeras hectáreas de cada explotación, movió 491 millones de euros, y la ayuda básica se limitó a 200.000 euros por beneficiario. Los ecoesquemas pagaron 1.112 millones ese año y los eligió el 77,5 % de quienes solicitaron ayudas.
Una PAC que no protege del todo ni a quien produce ni a quien come
Los avances conviven con un problema de fondo. La ayuda a la renta se sigue calculando en gran medida por hectárea: cuanta más tierra, más dinero. Mientras tanto, muchas explotaciones pequeñas y medianas tienen dificultades para vivir de su trabajo, algo que las movilizaciones del campo de 2024 pusieron en el debate público.
Quien produce tiene poco poder para fijar precios frente a la industria agroalimentaria y la gran distribución. Y quien come ve cómo la calidad de su dieta depende demasiado de lo que puede pagar. El resultado es una alimentación de masas, pero no siempre de calidad, con costes para la salud y el medio ambiente que no aparecen en la etiqueta.
El derecho a la alimentación no es solo tener suficiente comida. Es poder acceder a una alimentación elegida, sana y sostenible, y garantizar a quienes la producen una renta digna y condiciones de trabajo justas.
La futura PAC se está definiendo ahora
La PAC posterior a 2027 está en negociación y cada Estado miembro tendrá que decidir cómo aplicarla. Según el Gobierno español, la propuesta inicial de la Comisión integra las medidas de la PAC en planes nacionales junto con otras políticas europeas y plantea porcentajes de cofinanciación nacional para algunas intervenciones sectoriales. España rechaza esa cofinanciación, pide mantener al menos el presupuesto actual y defiende que la PAC conserve su identidad propia. Todavía no hay acuerdo, y no se espera antes de final de año.
Es el momento de que la sociedad civil, y no solo el sector agrario, entre en la conversación. Lo que se decida en los próximos meses fijará en qué se gasta el dinero público durante años.
Cinco palancas para recuperar el control de nuestra alimentación
Para Mensa Cívica, estas serían las cinco palancas que queremos poner sobre la mesa:
Una PAC global y coherente. Ecoesquemas, desarrollo rural, compra pública y cadena alimentaria deben empujar en la misma dirección, no en compartimentos estancos.
Precios y rentas justos. Sin una renta digna para agricultores/as y ganaderos/as no hay transición posible. Hay que reforzar la aplicación de la Ley de la cadena alimentaria y orientar mejor las ayudas hacia las explotaciones pequeñas y medianas, familiares y profesionales.
Una transición más rápida de los modelos de producción. Apoyar la agroecología y la producción ecológica, la ganadería extensiva y las prácticas que cuidan el suelo y el agua, para un campo más resiliente ante sequías y olas de calor.
Un relevo generacional real. Facilitar a jóvenes y mujeres el acceso a la tierra, al crédito y a los servicios, para que haya más gente joven en el campo y más vida en los pueblos. Y todo ello con un acompañamiento técnico y económico.
Un vínculo más fuerte entre la PAC y la alimentación. Que la política agraria se mida también por lo que llega al plato: compra pública de alimentos frescos y de temporada en comedores escolares, hospitales y residencias, y cadenas cortas que acerquen a quien produce y a quien come.
El objetivo: una PAC más justa con quien produce, más segura para quien come y más respetuosa con el medio ambiente.
Una Iniciativa Ciudadana Europea para hacer de la alimentación un derecho
Con la Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho a la alimentación pedimos a la Unión Europea que haga evolucionar el sistema alimentario para garantizar este derecho fundamental. Entre otras cosas, plantea reorientar la PAC hacia el apoyo a los pequeños productores y a la agroecología, incluida la agricultura ecológica.
La futura PAC puede contribuir a construir un sistema agrícola y alimentario que proteja a la vez a quienes cultivan, nuestra alimentación, nuestra salud y nuestro medio ambiente.
Firma la Iniciativa Ciudadana Europea y pide a la UE que haga de la alimentación un derecho.
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