La Comisión Europea define la contratación pública verde como un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir bienes, servicios y obras con un impacto ambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros bienes, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar.
En los países de la OCDE, los gobiernos gastan aproximadamente el 12% de su PIB en la contratación pública de las administraciones públicas, hospitales, cárceles, escuelas, universidades, así como programas sociales. Esto representa una parte sustancial del dinero de los contribuyentes, del que apenas estamos informados, y les confiere un gran poder. Por lo tanto, no se puede esperar otra cosa que no sea un manejo eficiente del mismo, bajo unos estándares de calidad de prestación de los servicios que salvaguarden el interés público. Sin embargo, esto no es del todo así, pues uno de los obstáculos que se ha visto magnificado en los esquemas de contratación pública de los últimos años es la relación calidad-precio, en el que se han favorecido sistemáticamente las opciones "low cost", sin tener en cuenta las consideraciones ambientales, sociales y económicas de los productos que se adquirían. Además, esto a menudo crea un efecto «dumping» en los productores de pequeña escala, cuya capacidad de competir en los mercados globales es limitada.
Este cambio de tendencia ya se vio reflejado con la publicación de la Directiva 2014/24/EU del 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, por ser un instrumento adaptado para permitir un mayor uso de la contratación pública en el apoyo de un conjunto de objetivos sociales comunes, así como la protección del medio ambiente, la eficiencia de los recursos naturales, la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático, la promoción de la innovación, el empleo y la inclusión social y garantizar las mejores condiciones posibles para la prestación de servicios de calidad. Esto lo hace (i) favoreciendo alimentos procedentes de productores de pequeña escala, dando así acceso a empresas pequeñas y medianas en las contrataciones públicas, y (ii) ampliando el rango de criterios que se pueden incluir tanto en la definición del objeto de la contratación como en la adjudicación el contrato. Asimismo, concede a las autoridades públicas la adaptación de un enfoque de ciclo de vida para el producto, servicio o el trabajo objeto de contratación.
La reunión celebrada el pasado 8 de marzo en Sevilla sobre la contratación pública verde, permitiría ir un paso más allá mediante la inclusión de criterios que favorezcan el acceso de alimentos (tanto de origen vegetal como animal) frescos, orgánicos y producidos de forma sostenible, con sus consecuentes beneficios (directos e indirectos) sociales, económicos y ambientales, como la reducción de los "food miles". También incorpora el criterio de alimentos de comercio justo como un sistema de apoyo a los productores de alimentos a pequeña escala en países en desarrollo.
Por otra parte, incluye criterios que no afectan estrictamente a los alimentos, sino al conjunto de la contratación pública, como la planificación de los menús, la formación del personal, la separación y eliminación de los residuos, equipamiento o bienes fungibles, entre otros, hasta ahora nunca explícitamente contemplados, con el fin, pienso yo, de aumentar la responsabilidad y la autonomía de los sistemas de contratación pública.
Son muchas las dificultades a las que deberemos hacer frente para desarrollar estas políticas y programas de contratación pública verde, incluyendo las limitaciones presupuestarios e institucionales, pero creo que verdaderamente representan una rara oportunidad para crear un sistema alimentario más sostenible y equitativo, en el cual los gobiernos proporcionen un ejemplo de liderazgo en coordinación con otras políticas. Asimismo, se espera una mejora en la comunicación entre los actores implicados en el proceso (gobiernos, empresas y consumidores) para alentar a unas dietas y estilos de vida más saludables y nutritivos, y un aumento en la rendición de cuentas en el sistema alimentario.
Durante la reunión, propusimos específicamente (1) el reconocimiento de los productos de montaña y (2) la pesca artesanal de litoral sostenible, como sistemas que defienden los ecosistemas tradicionales de montaña y marinos, respectivamente, y que evitan el uso excesivo o indebido de antibióticos.
No obstante, echo en falta algunos aspectos en lo que se refiere a la gestión participativa o comunitaria, las técnicas o procedimientos culinarios, los productos procedentes de organismos genéticamente modificados, el respecto por la cultura alimentaria, el reconocimiento de la sensorialidad como criterio subjetivo de calidad, el respecto de las diferentes culturas alimentarias (en la que se incluirían los aspectos alergénicos, religiosos y éticos) y una atención específica a la eficiencia energética, incluyendo el transporte, y el etiquetado o la trazabilidad de los alimentos, equipos y subproductos. Aspectos que aún podrían incorporarse como mejoras del actual documento hasta el 5 de abril, para el cual seguimos pidiendo vuestra colaboración. El futuro de nuestra comida colectiva está en nuestras manos, así que, si no actuamos ahora, ¿cuándo?