Cuando lo posible se queda corto: crítica al nuevo decreto sobre alimentación escolar

Tras tres años de espera, se ha publicado el Real Decreto 315/2025, que regula la alimentación en centros educativos. Este Real Decreto se presenta como una apuesta por  combatir la obesidad infantil y promover dietas saludables y sostenibles. Pero tras las buenas intenciones y el lenguaje técnico, se esconde un texto tímido, conservador y, en muchos aspectos, alejado de las transformaciones profundas que necesitamos.

Frente a un sistema alimentario que contribuye a la crisis climática, a la pérdida de biodiversidad y a la desigualdad social, la evidencia indica que alimentación escolar es una palanca poderosa de cambio. Lamentablemente, este decreto elige la vía de lo posible, y no de lo necesario.

Mucho diagnóstico, poca transformación

El decreto parte de datos alarmantes: más del 36% de los niños y niñas entre 6 y 9 años tienen exceso de peso, cifra que se dispara al 46,7% en entornos vulnerables. Reconoce además la necesidad de introducir criterios nutricionales y de sostenibilidad en la contratación pública. Sin embargo, las medidas concretas carecen de ambición real.

Se establecen requisitos como que solo el 5% del coste de los alimentos sea ecológico, o que el 45% de frutas y verduras sean de temporada, porcentajes que palidecen frente a lo que ya están haciendo municipios europeos, como Malmö, Viena o Gante, donde los umbrales de alimentos ecológicos superan el 30% e incluso el 60%, pese a que España es el país de la Unión Europea con mayor superficie ecológica.

En un gesto de apertura hacia la sostenibilidad, el decreto introduce la idea de favorecer productos del mar “certificados” y provenientes de acuicultura. Pero no hay una reflexión crítica sobre los impactos ambientales y sociales de la acuicultura industrial, especialmente en especies como la lubina o la dorada, que requieren altas cantidades de pienso, antibióticos y generan residuos que afectan gravemente a los ecosistemas costeros.

Al incorporar estos productos sin un marco más exigente, el decreto corre el riesgo de blanquear prácticas intensivas que poco tienen de sostenibles, tanto ambiental como socialmente. La sostenibilidad marina no puede medirse solo en etiquetas: necesita enfoques integrales que consideren la salud de los ecosistemas, el respeto a los ciclos biológicos y el bienestar animal.

El eslabón olvidado: lo local y lo justo

De hecho, uno de los aspectos más decepcionantes del decreto es su escasa ambición en cuanto al apoyo a la producción local y sostenible. Aunque menciona los “canales cortos de distribución”, no fija objetivos concretos, ni establece mecanismos de inclusión para pequeñas productoras, cooperativas o proyectos de agricultura social.

En el informe europeo del proyecto que es tamos coordinando a nivel nacional, SchoolFood4Change, se plantea un enfoque estructurado para favorecer la compra de proximidad, segmentar contratos en lotes más pequeños y reducir las barreras administrativas que impiden participar a actores del sistema agroalimentario más justo. Además, introduce cláusulas para fomentar el comercio justo, el trabajo digno y la economía circular.

Educación alimentaria: ¿comer sin aprender?

Otro gran ausente en el decreto es un enfoque real de educación alimentaria. Se menciona de forma genérica, pero no se integra como eje curricular ni se articula con las prácticas del comedor. No se contempla, por ejemplo, la participación del alumnado en el diseño de menús, la conexión con huertos escolares o las cocinas como espacios pedagógicos.

El enfoque integral de la alimentación escolar que estamos trabajando va mucho más allá del menú. Integra la alimentación en la cultura escolar, la vida comunitaria y el aprendizaje cotidiano. Comer bien no es solo consumir nutrientes: es conocer el origen de los alimentos, aprender a cocinar, reflexionar sobre el impacto ambiental de nuestras elecciones y construir vínculos con el entorno.

¿Dónde queda la justicia alimentaria?

Uno de los mayores vacíos del Real Decreto es el plano social: no incorpora medidas estructurales para combatir la pobreza alimentaria desde los comedores escolares. Tampoco incluye objetivos redistributivos, ni establece prioridades presupuestarias que aseguren la igualdad de acceso a alimentos saludables. Frente a la narrativa europea de “no dejar a nadie atrás”, el decreto español se limita a generalidades.

Restauración: el modelo importa

Otro aspecto que el decreto aborda superficialmente es el del modelo de gestión del comedor escolar. Aunque menciona la “cocina propia” como algo deseable, no hay un impulso claro ni incentivos para revertir la creciente externalización y centralización de los servicios de comedor. El resultado: menús uniformes, menos frescura, menor control sobre la calidad y escasa conexión con el territorio.

Desde la perspectiva de la sostenibilidad, la cocina in situ (en el propio centro escolar) permite una mayor adaptabilidad al entorno, mejor (re)aprovechamiento de productos locales y de temporada, y favorece relaciones más directas con pequeños proveedores. La cocina centralizada, en cambio, suele operar en base a criterios de eficiencia económica, en detrimento de la calidad, la sostenibilidad y la justicia social.

Conclusión: lo simbólico no basta

En resumen, el Real Decreto 315/2025 avanza en la dirección correcta, particularmente en materia nutricional, pero se queda muy lejos de lo que podría y debería ser. No fija metas ambiciosas en sostenibilidad, no articula un cambio real en el modelo alimentario, ni responde con contundencia a la desigualdad que atraviesa la alimentación escolar. Y, sobre todo, desaprovecha una oportunidad única para transformar los comedores en motores de equidad, salud y transición ecológica.

Apostar por lo posible cuando lo urgente exige más ambición es no entender el momento histórico que vivimos. Alimentar bien a las generaciones futuras no puede seguir siendo una asignatura pendiente.