Debates sobre cómo garantizar que las empresas aborden sus impactos ambientales a lo largo de sus cadenas de valor han avanzado significativamente en algunos países europeos con la introducción de legislación de debida diligencia en la cadena de valor, como Alemania y Francia.
Además de los avances que pueda haber a nivel nacional, también ha habido una creciente presión de varias partes interesadas (incluida la sociedad civil y los inversores) para desarrollar la debida diligencia obligatoria intersectorial a nivel de la UE. Como resultado, en febrero de 2022, la Comisión propuso un Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD).
La ley de debida diligencia en la cadena de suministro tiene como objetivo establecer un marco horizontal para fomentar la contribución de las empresas que operan en el mercado único al respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en sus propias operaciones y a través de sus cadenas de valor, identificando, previniendo, mitigando y dando cuenta de sus efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y contando con una gobernanza, sistemas de gestión y medidas adecuados para este fin.
En particular, la Directiva pretende:
mejorar las prácticas de gobernanza empresarial para integrar mejor la gestión de riesgos y los procesos de mitigación de los riesgos y repercusiones para los derechos humanos y el medio ambiente, incluidos aquellos derivados de las cadenas de valor, en las estrategias empresariales;
evitar la fragmentación de los requisitos de diligencia debida en el mercado único y crear seguridad jurídica para las empresas y las partes interesadas en lo que respecta al comportamiento y la responsabilidad previstos;
aumentar la responsabilidad de las empresas por los efectos adversos y garantizar la coherencia para las empresas con respecto a las obligaciones derivadas de las iniciativas de la UE existentes y propuestas en materia de conducta empresarial responsable;
mejorar el acceso a las vías de recurso para las personas afectadas por los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente del comportamiento empresarial;
al ser un instrumento horizontal centrado en los procesos empresariales, que se aplica también a la cadena de valor, la presente Directiva intenta complementar otras medidas vigentes o propuestas que abordan directamente algunos retos específicos en materia de sostenibilidad o que se aplican en algunos sectores específicos, principalmente dentro de la Unión.
Según la legislación propuesta, y que fue aprobada por mayoría el 1 de junio en una votación del Parlamento Europeo, las empresas estarán obligadas a establecer un debido proceso de diligencia para prevenir y mitigar posibles efectos adversos derechos humanos e impactos ambientales dentro de sus operaciones y cadenas de valor, así como terminar o minimizar los reales.
La propuesta actual cubriría empresas de la UE de más de 250 empleados con una facturación neta en Europa superior a 40 millones de euros y a nivel mundial superior a 150 millones de euros.
Los “impactos ambientales adversos” están actualmente definidos por la Comisión como los resultantes de la violación de las disposiciones de una serie de acuerdos ambientales multilaterales convenciones – una lista lejos de ser completa ya que ni siquiera incluye el Acuerdo de París.
El Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha propuesto en particular adoptar un enfoque diferente para definir estos impactos y así mantener la definición consistente con otras piezas de la legislación de la UE (en particular, la Directiva de Sostenibilidad Coorporativa o el Reglamento sobre taxonomía). Mucho dependerá del resultado de negociaciones actuales, las cuales deben iniciarse la próxima semana bajo la Presidencia sueca del Consejo de la UE y proseguir bajo la Presidencia española. El objetivo es adoptar formalmente la ley antes de las elecciones europeas del próximo año.
Al aprobarse esta directiva, complementa la debida legislación de diligencia sectorial existente a nivel de la UE, tales como la el Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación, el Reglamento de Minerales en zonas de Conflicto o alto riesgo y la Regulación de Baterías. La CSDDD presenta una importante oportunidad de asegurar que los actores de la cadena media identifiquen, evalúen, prevenir, mitigar sus efectos adversos potenciales y reales impactos ambientales a lo largo de sus cadenas de valor.
La aplicación de dicha ley a las cadenas de valor alimentarias también requiere modificar la Decisión Delegada (UE) de la Comisión 2019/1597 para exigir la medición y la presentación de informes sin cosechar pérdidas de alimentos. Potencialmente podría ir más allá al exigir la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero asociado con el desperdicio de alimentos debido al rechazo de los minoristas.
La efectividad de tal ley dependerá de los impactos ambientales específicos que los compradores están obligados mitigar contra la pérdidas de alimentos, incluso antes de la cosecha debido a las normas cosméticas. Si se diseña de manera efectiva, la medición y la notificación de las pérdidas antes de la cosecha en la explotación requeriría actores de la cadena intermedia para mitigar estas pérdidas, proporcionando un camino prometedor para reducir las pérdidas de alimentos debido a los estándares cosméticos.