Buena alimentación para todas las personas: ¿tiene España un problema de acceso a los alimentos?
- phernandezolivan
- 27 feb
- 4 min de lectura
Mensa Cívica se suma a la Iniciativa Ciudadana Europea por el Derecho a la Alimentación, porque garantizar comida sana, sostenible y asequible no es caridad: es una obligación legal y democrática.
España no produce poca comida. Como gran potencia agroalimentaria europea, exporta una parte muy significativa de lo que cultiva y elabora. Y sin embargo, millones de personas en nuestro país no pueden permitirse una comida adecuada de forma regular.
Según los últimos datos de Eurostat, en 2024 el 8,5% de la población de la Unión Europea no pudo permitirse una comida con carne, pescado o un equivalente vegetariano al menos cada dos días. Entre las personas en riesgo de pobreza, esa cifra se dispara al 19,4%, frente al 6,4% de quienes no están en situación de vulnerabilidad económica. En España, el informe El estado de la pobreza de la EAPN confirma esa misma tendencia: la proporción de personas que no pueden permitirse esa comida básica lleva años subiendo, mientras casi la mitad de la población —el 48,5%— llega con dificultad a fin de mes.
El problema, por tanto, no es de disponibilidad. Es de acceso y de estructura.
Tener comida cerca no significa tener acceso a buena comida
Disponer de una máquina expendedora de ultraprocesados abierta las 24 horas en el barrio no es acceso a la alimentación. Acceso significa disponer de alimentos frescos, saludables y mínimamente procesados a un precio asequible. La inseguridad alimentaria no es un fracaso del consumidor, sino un fracaso estructural del sistema.
El encarecimiento de una dieta saludable agrava esta brecha. Comer bien se ha vuelto más caro, y las consecuencias se reflejan en la salud: el sobrepeso y las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta avanzan, golpeando con más fuerza a los hogares con menos recursos. La paradoja es evidente: producimos de sobra, desperdiciamos una parte considerable de los alimentos a lo largo de toda la cadena, y aun así no garantizamos que todo el mundo coma de forma digna.
Un sistema diseñado para producir, no para alimentar bien
El sistema alimentario europeo y español se ha orientado durante décadas a maximizar la producción y la competitividad, empujando al campo hacia la especialización, las economías de escala y los mercados lejanos. El resultado es conocido: rentas agrarias por debajo de la media y muchas explotaciones que reciben precios que no cubren sus costes de producción.
Este desequilibrio no es casual. Refleja decisiones políticas y estructuras de mercado que priorizan el volumen y la competencia en precio frente a la remuneración justa, el cuidado del medio ambiente y la resiliencia a largo plazo del medio rural. El poder se concentra cada vez más en pocos grandes actores de la cadena, que moldean el entorno alimentario mientras la ciudadanía vive la ilusión de elegir. La pregunta de fondo es siempre la misma: quién gana y quién pierde con nuestro modelo alimentario.
Reconocer el derecho a la alimentación significa precisamente desplazar ese poder: de la especulación y la concentración excesiva hacia las personas agricultoras, las comunidades y la ciudadanía. La comida sana debe ser un derecho garantizado, no un privilegio.
El derecho a la alimentación: reconocido, pero no garantizado
El derecho a la alimentación no es una abstracción. Está recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y es jurídicamente vinculante para 172 países. Es una de las expresiones más cotidianas de la dignidad, entrelazada con el derecho a la salud, a la educación y a la vida misma. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, este derecho se cumple cuando toda persona tiene acceso físico y económico, de forma fiable, a alimentos suficientes, seguros, nutritivos y culturalmente adecuados, o a los medios para obtenerlos.
Sin embargo, ni en la Unión Europea ni en España este derecho está garantizado de forma explícita y efectiva en la legislación. Las instituciones lo reconocen en principio, pero no lo traducen en políticas vinculantes ni en acción concreta. Y un derecho a la alimentación que ignore cómo se produce esa comida es una promesa vacía.
¿Por qué Mensa Cívica apoya la Iniciativa Ciudadana Europea?
Por todo ello, Mensa Cívica se une a más de 240 organizaciones que impulsan la Iniciativa Ciudadana Europea «La alimentación es un derecho humano para todas las personas», que busca reunir un millón de firmas antes de enero de 2027 para que la Comisión Europea examine la propuesta.
Garantizar el derecho a la alimentación exige un cambio sistémico. Para Mensa Cívica, eso se concreta en líneas que conectan directamente con nuestro trabajo diario:
Mayor apoyo dentro de la PAC a la pequeña agricultura y a la agroecología.
Precios justos y rentas dignas para quienes producen.
Políticas alimentarias territoriales y urbanas que fortalezcan las cadenas de suministro local y de cercanía.
Medidas para frenar la concentración excesiva del mercado y la especulación.
Protección de las semillas, la biodiversidad y los derechos de las personas agricultoras.
Reglas de contratación pública que prioricen la alimentación sana y sostenible en comedores escolares, hospitales y demás servicios públicos.
Este último punto es el corazón de la labor de Mensa Cívica. La compra pública alimentaria es una de las palancas más potentes —y más infrautilizadas— para garantizar el derecho a comer bien: cada menú escolar o sanitario contratado con criterios de sostenibilidad y proximidad es una decisión política que rebalancea el sistema en favor de la salud, del territorio y del campo.
De la política a la práctica
Asegurar el acceso a una alimentación buena, limpia y justa es la misión cotidiana de Mensa Cívica. Trabajamos junto a quienes producen, transforman y cocinan para defender la biodiversidad, promover la agroecología y proteger una cultura alimentaria sana en los comedores colectivos y en las políticas públicas, en España y en el conjunto de Europa.
Tenemos los recursos, el conocimiento y un campo que ya está señalando el camino. Lo que necesitamos ahora es voluntad política para que el derecho a la alimentación deje de ser caridad y se convierta en un pilar de la democracia.
Puedes firmar y apoyar la Iniciativa Ciudadana Europea aquí.




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