Enmarcada en el proyecto “Los desastres de la guerra”, el 21 de septiembre de 2023 desde Mensa Cívica organizamos una jornada presencial bajo el título "Derecho a la alimentación: análisis, políticas y experiencias". Esta fue el colofón de una serie de seminarios online que se realizaron a lo largo del mismo año. La totalidad de los seminarios y la jornada pueden verse en nuestro canal de YouTube.
La jornada fue valorada positivamente por parte de las personas asistentes, ya que supuso el comienzo de múltiples líneas de acción. Para acceder a la totalidad de las presentaciones que se hicieron a lo largo de la mañana, se puede acceder aquí.
Además, hemos realizado una relatoría de la jornada. El presente documento es una síntesis de los contenidos sustanciales que fueron expuestos y debatidos en el evento. El orden de presentación responde a la estructuración de las ponencias de la jornada. Sin embargo, y pese a que representan las ideas de diferentes ponentes, hay que mencionar que todos los puntos están hilvanados entre sí, por lo que, aunque se presenten individualmente han de contemplarse en conjunto.
Utilizar la agroecología y sostenibilidad, centrándose en las personas como prioridad y no en los beneficios económicos. La agroecología ya lleva más de 50 años demostrando que técnicamente es viable. Necesitamos hacer incidencia propositiva y demostrativa. Una incidencia que proponga otras políticas, que demuestre la posibilidad del cambio. Tenemos la información suficiente para ello y necesitamos comenzar a trabajar desde la colectividad.
Promover procesos de ecoterritorios y biodistritos, en los que básicamente se intenta promover que desde lo local reconectamos la comunidad, que volvamos a importarnos como personas las unas a las otras y que volvamos a definir políticas a nivel local que puedan ser trasladables a distintos niveles (territorial, estatal, europeo y global).
Revalorizar los alimentos desde el consumo responsable, para intentar poner la alimentación en el centro y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Puesto que cuando tiramos una manzana, no estamos tirando solo el valor económico de esta manzana, sino todos los recursos asociados a nivel de agua, de consumo de CO2 e insumos que hay vinculados a su producción. La acción del espigueo es una acción directa. Se trata de hacer algo con las manos que conecta con toda la ciudadanía para realmente generar un cambio de conciencia que realmente ponga la alimentación en el centro y la agricultura como un valor esencial para nuestro país.
Reflexionar sobre la cuestión de la donación. ¿Todo lo que sobra tenemos que donarlo? ¿Es esta la prioridad? ¿Todo lo que nos sobra a los países o a las personas con cierto poder adquisitivo tiene que ir a colectivos en riesgo de vulnerabilidad o inseguridad alimentaria? Creemos que no, dado que son problemas interrelacionados, pese a que en los medios salga que con lo que tiramos podríamos alimentar no sé cuántas personas en el mundo. ¿Es esto ético? En estos se trabaja a nivel estatal y europeo.
Trabajar en el tema de indicadores para hacer seguimiento en las formas de trabajar y de desperdicio alimentario, puesto que tenemos muy poca información de lo que realmente sucede en el campo.
Necesidad de precisar el contenido del Derecho Humano a la Alimentación - qué es este derecho, qué implica, quiénes tienen la obligación de promoverlo y de garantizarlo.
Reconocer el Derecho Humano a la Alimentación. Algunos países como América Latina tienen hoy reconocido el derecho en sus constituciones y nosotros aquí no. Seguimos debatiendo si es un derecho fundamental o no, o bien si ya está recogido en la Constitución de una manera implícita o no.
Reestructurar la Agenda 2030, incorporando la garantía del Derecho Humano a la Alimentación. No se puede garantizar el Derecho Humano a la Alimentación o cumplir con el objetivo de hambre cero sin abordar los objetivos climáticos. Existe un círculo vicioso evidente entre el clima, el hambre y los sistemas alimentarios. Además, la Agenda cuenta con pocos recursos económicos y está más centrada en paliar las consecuencias que en luchar contra las causas que realmente generan la desigualdad, la pobreza, el hambre y la malnutrición en sus distintas versiones en el mundo. Por otra parte, todas las declaraciones y recomendaciones que se hacen al más alto nivel no se traducen en medidas suficientes y eficaces porque no se cuestiona el marco ideológico en el que se asienta en modelo económico neoliberal. Un modelo que no satisface a un coste razonable las necesidades básicas de agua, alimentación, salud, energía… de la inmensa mayoría de la población mundial, al mismo tiempo que sobreexplota recursos naturales, especula, propicia pérdidas y desperdicio alimentario, promueve el consumo de productos alimenticios hipercalóricos y que no es capaz de nutrir a todos los seres humanos del planeta. Esto no solo es indignante, sino también insostenible. Si tenemos en cuenta todas esas circunstancias, no parece que la mejor idea sea dejar la dirección de la economía mundial exclusivamente en manos del mercado y que organizaciones situadas al margen del control democrático sean las que tomen las decisiones.
El derecho a la alimentación requiere un abordaje complejo, intersectorial y sistémico, por lo que hay que poner el foco en esas conexiones que existen entre las distintas políticas agrarias, medioambientales, de protección social, de lucha contra la desigualdad, la pobreza y hambre - que van de la mano. Y en ese abordaje multisectorial y sistémico, poner ese foco en las interacciones, analizarlas en profundidad, categorizarlas e incorporarlas al ciclo de toma de decisiones.
España no tiene indicadores que midan de alguna manera aproximada si se cumple o no se cumple el Derecho Humano a la Alimentación.
Asegurar que hay mecanismos efectivos para el control cooperativo y avanzar en marcos regulatorios garantistas. No solo a nivel local, sino también a nivel estatal. Por supuesto, también tenemos que avanzar hacia una gobernanza global, porque esos marcos regulatorios garantistas deben tener un espacio global precisamente para trabajar contra esa desregulación que ha habido en los mercados de alimentos.
La transversalización del Derecho Humano a la Alimentación requiere de un trabajo y de una confluencia importante de distintos ámbitos. Uno de los errores principales que se están dando y que se han dado históricamente en relación con el no desarrollo Derecho Humano a la Alimentación tiene que ver con la ubicación de quién es el responsable o la responsable institucional de este asunto. En España, el Ministerio de Agricultura es el responsable de aplicar o de plantear cuestiones en relación con Derecho Humano a la Alimentación y nos encontramos con que los ministerios de agricultura dentro de la Unión Europea siguen unas normas que establecen una serie de posicionamientos. Por lo que realmente las posibilidades de actuar están cerradas normativamente. A lo mejor tenemos que empezar a tratar el Derecho Humano a la Alimentación y hablar de ello con más tiempo con mucha más tranquilidad. Esto puede ser un comienzo, pero existen contradicciones y tenemos que trabajar para llegar realmente tener soluciones que sean reales en cuanto a la preocupación que realmente tenemos todos.
Resaltar el concepto de coherencia de políticas. El Derecho Humano a la Alimentación es complejo y está relacionado con casi todo el resto de Derechos Humanos Coherencia de políticas. Para ello es necesario una gobernanza alimentaria. Hablar en una mesa en clave de igualdad entre todos los actores implicados e interesados en tratar el Derecho Humano a la Alimentación para poner una solución real escalada global y no a la inversa.
Necesidad de invertir en la infancia. Según estimaciones de la OCDE, unos 63.000.000 millones podrían sacar a los niños y las niñas de la situación de pobreza.
Incrementar el número de becas comedor. Solo el 11,2% del alumnado de educación obligatoria puede acceder a una beca comedor. Es decir, estamos dejando a niños en situación de pobreza fuera del acceso a becas comedor - alrededor de un millón de niños y niñas. Existen todavía muchas diferencias entre comunidades autónomas y el tipo de centros: sólo uno de cada 10 institutos de educación de secundaria públicos tiene servicio de comedor, mientras que nueve de cada 10 de centros privados tienen servicio de comedor. Hay pues una diferencia de renta y un sesgo notorio.
Promover una prestación para la crianza para todas las familias de carácter universal. Esto que parece que pudiera tener un coste muy elevado, no lo tiene. Implicaría que las familias que ya tienen renta lo único que van a hacer es deducirse esta renta. Una vez que hagan la declaración será un dinero que reciban y luego van a tener que devolver en su renta. Aquellas que no sean beneficiarias van a recibir este dinero cada mes., como mucha gente conocerá en la prestación por maternidad que se recibe ya unos 100 al mes y luego la declaras. Pues con un instrumento similar, en el que no hay tanto gasto sino una reducción de ingresos por un lado y gasto por otro, es perfectamente asumible. Seguiríamos por debajo de la inversión en infancia en comparación con la media europea y la pobreza infantil se reduciría como mínimo a la mitad o probablemente más, especialmente los sectores más vulnerables. Es una política que tienen casi todos los países europeos. Es un mínimo que garantiza que las necesidades más básicas están cubiertas. Pese a que, aun así, no llegaríamos a cubrir muchas de las cuestiones, por lo menos avanzaríamos en cubrir gran parte del impacto.
Implementar el Plan de Garantía Infantil en nuestro país para garantizar al menos una comida al día para cada niño o niña. Esto también permitiría financiar programas de apoyo directamente a los niños más vulnerables, reduciendo la pobreza más severa. Es una amalgama de programas que cada comunidad autónoma y a nivel estatal van a desarrollar a través del Fondo Social Europeo Plus y desde ahí se pueden empezar a plantear iniciativas también de garantía de derecho alimentario. Hay iniciativas que se podrían plantear para financiar por lo menos algunos proyectos puntuales en esa línea.
Garantizar comidas gratuitas, totalmente subvencionadas. Esto sería garantía de una alimentación que pueda ser completa, nutritiva y segura para todas las niñas y niños.
Replicar buenas experiencias, como Alimenta de Barcelona, a otros municipios.
El compromiso político, cuidando el proceso y la organización interna exige mucha coordinación y mucha dedicación, por lo que debemos tejer alianzas sólidas y de largo alcance. Para ello, se propone apostar por políticas sociales transformadoras (público-sociales o público-comunitarias).
Como se puede observar en los puntos expuestos, algunas son medidas que ya han sido comprobadas empíricamente. Otras son nuevas oportunidades para reconocer y blindar el DHAA y otros derechos relacionados. El abordaje de todas ellas puede parecer una tarea peliaguda para cualquier entidad y, ciertamente, lo es. Ahora bien, identificarlas es el paso previo para hacerlo y la creación de lazos entre actores estatales una base necesaria para que dicho objetivo no resulte un imposible.
En la jornada se consiguieron ambas cuestiones y podemos concluir que avanzamos en el reconocimiento del DHAA. Para ampliar este objetivo, como acordamos, hemos escrito un manifiesto que enviaremos a diferentes entidades para su adhesión y posteriormente se les hará llegar a las representantes públicas de Servicios Sociales y/o Medio Ambiente por todo el Estado.
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