Como hemos destacado en artículos anteriores, nuestra alimentación está relacionada con los desafíos ambientales, de salud, económicos, sociales y políticos más importantes de nuestro tiempo.
Por ello, debemos tener claro que necesitamos una política alimentaria adecuada para hacer frente a estos problemas y el aumento de las presiones sobre el sistema alimentario, pues si no se abordan de manera adecuada, estos problemas solo empeorarán.
Pero, primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de política alimentaria?
Una política alimentaria implica el establecimiento de objetivos para la producción de alimentos y su impacto ambiental y nutricional, así como determinar los procesos para alcanzar estos objetivos. Al igual que en cualquier campo de la política, la política alimentaria puede aplicarse en un ámbito más local o global y puede ser muy específica, como el establecimiento de una regulación sobre el uso de un pesticida en particular, o adoptar un enfoque más general.
La política alimentaria abarca una compleja red de instituciones, infraestructura, personas y procesos que está sujeta a las influencias e intereses de innumerables partes, todas las cuales compiten por un papel en su conformación.
Por último, aclarar que una política alimentaria puede tomar muchas formas, incluyendo planes de acción, estrategias, legislación marco, estatutos, proyectos de ley, leyes, decisiones judiciales, licencias, aprobaciones, etc.
En resumen, la política alimentaria determina quién come qué, cuándo, dónde y a qué costo. Y como todos comemos, la política alimentaria nos afecta a todos, por eso este es un tema que tiene que tomar lugar en los debates públicos, dadas las consecuencias que puede tener para el presente y las generaciones futuras.
Repensar la política alimentaria presenta una gran oportunidad para mejorar la nutrición y la salud, proteger el planeta y contribuir a la prosperidad económica y social, de manera equitativa.
Más allá de las políticas que obviamente tienen que ver con los alimentos, como la política agrícola o nutricional, muchas decisiones gubernamentales también afectan (in)directamente a los alimentos. De hecho, hoy en día, en nuestro país, varias instituciones supervisan las políticas de alimentos, aunque lejos de ser coordinada y consistente.
Por esta razón, desde Mensa Cívica demandamos la adopción de políticas que cumplan una triple función y aborden el hambre, la obesidad y los efectos de la producción agrícola en el cambio climático de forma simultánea. Por ejemplo, una dieta basada en plantas, en gran parte, pero no necesariamente de forma exclusiva, cumple los tres propósitos y todos las políticas y programas regionales y nacionales de alimentos deberían apoyarlo para contribuir hacia un sistema alimentario más sostenible.
No obstante, según un reciente debate en Reino Unido, para renovar radicalmente nuestro entorno alimentario, deberíamos ir más allá y no solo centrar nuestros esfuerzos en crear, por ejemplo, un “impuesto” para la carne, sino también para otros alimentos, como los ultraprocesados y así maximizar los beneficios para nuestra salud e incentivar la producción de alimentos respetuosa con el clima y penalizar a los que contribuyen al calentamiento global.
Comer carne con moderación puede tener un valor nutricional, mientras que la producción ganadera sostenible puede tener beneficios para las personas y el medio ambiente. Sin embargo, hay serias preocupaciones por el bienestar animal relacionados con la ganadería intensiva. También existen importantes impactos ambientales por la alimentación animal y la producción de alimentos, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad a gran escala.
Además, uno de los problemas más importantes es que las personas con ingresos bajos tienen las dietas más pobres y un impuesto a la carne simplemente reduciría sus opciones aún más, empujándolos hacia alternativas más baratas, a menudo hiperprocesadas. El fallo sistemático de nuestro sistema alimentario es que nos hemos vuelto adictos a los alimentos que son baratos en el punto de compra solo porque su verdadero costo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y el agotamiento de los recursos no están siendo pagados por nadie. Hasta que solucionemos esto, la buena comida permanecerá en su mayoría fuera del alcance de las personas más pobres.
En definitiva, si realmente queremos resolver los problemas ambientales y de salud causados por comer demasiada carne, debemos usar los bastones fiscales y las zanahorias con más cuidado que aprobar un impuesto contundente que afectaría a los más desfavorecidos económicamente, y resistirnos a la tentación de buscar soluciones rápidas y fáciles. Necesitamos acciones que pongan a prueba más ideas sobre políticas alimentarias para renovar nuestro sistema alimentario (aunque éstas lleven un poco más de tiempo).
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