Los costes ocultos de nuestros actuales sistemas agroalimentarios sobre nuestra salud, el medio ambiente y la sociedad en 2020 suponen al menos 10 billones de dólares al año, el equivalente a cerca del 10% del PIB mundial, según un nuevo análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La edición 2023 de El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA, por sus siglas en inglés) cubre 154 países y, según la agencia, es la primera en desglosar estos costes a nivel nacional y garantizar que son comparables entre categorías de costes y entre países. La agencia afirma que "estas "alarmantes... consecuencias" exigen una "transformación urgente hacia la sostenibilidad en todas las dimensiones."
Los mayores costes ocultos (73% o más de 9 billones de dólares al año) se deben a dietas poco saludables con alto contenido en alimentos ultraprocesados, grasas y azúcares, que provocan obesidad y enfermedades crónicas, y causan pérdidas de productividad laboral.
El siguiente coste más elevado - un 20% o 2,9 billones de dólares al año - está relacionado con el medio ambiente, por las emisiones de gases de efecto invernadero y nitrógeno, el cambio en el uso del suelo y el uso del agua. Esto afecta a todos los países, y es probable que se subestime su magnitud debido a las limitaciones de los datos, según el informe.
Sin embargo, la conclusión de que las dietas poco saludables tienen los mayores costes ocultos "no debería... desviar la atención de las consecuencias medioambientales de la agricultura y la producción de alimentos", según el informe. Por el contrario, es aún más importante reorientar las ayudas públicas hacia la producción de alimentos nutritivos y variados que conformen dietas sanas.
Estas dietas beneficiarán tanto a nuestra salud como a la del medio ambiente, ya que las pruebas pasadas "han demostrado que la adopción de pautas alimentarias más sanas y sostenibles reduce hasta en un 76% los costes relacionados con el cambio climático".
Los costes sociales ocultos asociados a la pobreza y la desnutrición fueron menores, representando el 4% del total de costes ocultos cuantificados. Si queremos reducir el hambre y la inseguridad alimentaria, los ingresos de las personas moderadamente pobres que trabajan en los sistemas agroalimentarios deben aumentar, por término medio, un 57% en los países de renta baja y un 27% en los de renta media-baja.
Un poco de cariño a la contabilidad de los costes reales (CCR)
"Esta edición de El estado mundial de la agricultura y la alimentación pretende iniciar un proceso que aspire a analizar la complejidad y las interdependencias de los sistemas agroalimentarios y cómo afectan al medio ambiente, la sociedad, la salud y la economía a través de la contabilidad de costes reales (CTC)", señala el informe.
La edición del próximo año se centrará en evaluaciones específicas en profundidad para identificar las mejores formas de mitigar los costes, que podrían incluir impuestos, subsidios, legislación y regulación.
El informe de la FAO identifica tres "vías" diferentes a través de las cuales se generan los costes ocultos.
Medioambientales: causados por los gases de efecto invernadero emitidos a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria, desde la producción de alimentos y fertilizantes hasta el uso de energía; las emisiones de nitrógeno a nivel de producción primaria; el uso de agua dulce que se encuentra en ríos, lagos y aguas subterráneas que provoca escasez de agua y, a su vez, pérdidas agrícolas y de productividad laboral por la subnutrición resultante; y el cambio en el uso de la tierra a nivel de las explotaciones, que provoca la degradación y destrucción de los ecosistemas.
Social: cuando los alimentos no son accesibles y las personas pasan hambre y, como consecuencia, no pueden participar plenamente en la fuerza laboral; cuando quienes trabajan en el sector agroalimentario viven en la pobreza porque las políticas públicas no garantizan un nivel mínimo de ingresos dignos a pesar de disponer de los recursos para hacerlo.
Salud: como resultado del consumo de dietas poco saludables que suelen ser bajas en frutas, verduras, frutos secos, cereales integrales, calcio y grasas protectoras y altas en sodio, bebidas azucaradas, grasas saturadas y carne procesada, debido a la falta de alimentos nutritivos, a la incapacidad de los consumidores para permitírselos y/o a consideraciones individuales, sociales y comerciales. Estas dietas poco saludables están asociadas con la obesidad y las enfermedades no transmisibles.
Los cálculos de la FAO mostraron que la mayoría de los costes ocultos se generan en los países de ingresos medios-altos (39%) y altos (36%). Los países de ingresos medios-bajos representan el 22% y los de bajos ingresos el 3%.
A pesar de ello, estos costes suponen una carga mayor para los países de renta baja, ya que ascienden a cerca del 27% del PIB, frente al 11% en los países de renta media y el 8% en los países de renta alta. Los países con mayores costes ocultos netos son los mayores productores y consumidores de alimentos del mundo: Estados Unidos representa el 13%, la UE el 14% y Brasil, Rusia, India y China (los países BRIC) el 39%. En Brasil, casi la mitad de los costes están asociados a fuentes medioambientales.
Una estimación conservadora
El informe subraya que "los costes ocultos cuantificados aquí son sólo una parte de la historia" y es muy probable que las cifras reales sean mucho más elevadas, ya que el análisis sólo abarca la carga de enfermedad derivada del consumo de dietas poco saludables y no incluye las repercusiones sanitarias de las enfermedades zoonóticas o el consumo de alimentos insalubres, cuyos costes pueden ser sustanciales.
Además, los costes asociados a las consecuencias de la desnutrición - defectos congénitos, mortalidad infantil, bajo peso al nacer, etc. - no están cubiertos a pesar de que pueden ser sustanciales, especialmente en los países de renta baja.
En la última parte del informe es informe que se centren en si abordar los costos ocultos aumentará el precio de los alimentos, pues es una pregunta que se plantea con frecuencia. La premisa básica es que dependerá del costo oculto que se aborde y los
instrumentos que se utilicen.
Potencial de lavado verde
El informe introduce una métrica para medir el metano, la cual podría convertirse en una herramienta para que los grandes contaminadores maquillen de verde sus actividades, según advierte un nuevo informe publicado esta semana por Changing Markets Foundation. El metano es un gas de efecto invernadero de vida más corta pero mucho más potente que el dióxido de carbono.
Changing Markets Foundation afirma que utilizar el GWP* en lugar del GWP100 (que mide el potencial de calentamiento del metano en un periodo de 100 años) podría alterar radicalmente la forma de evaluar las emisiones ganaderas. Y pone tres ejemplos:
Si Fonterra, el mayor exportador de productos lácteos del mundo, redujera sus emisiones un 30% utilizando el GWP*, podría afirmar que está eliminando de la atmósfera 19 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año, mientras que si utilizara el GWP100 el resultado sería muy distinto: la empresa estaría emitiendo más de 21 millones de toneladas al año.
Del mismo modo, Tyson, uno de los mayores procesadores de pollo, ternera y cerdo del mundo, podría utilizar el GWP* para afirmar que una reducción del 30% de las emisiones en 2030 significa que está eliminando 82,6 millones de toneladas equivalentes de CO₂ de la atmósfera al año. Con el GWP100, seguiría emitiendo 58,5 millones de toneladas anuales.
Nueva Zelanda podría afirmar que es metano negativo con una reducción del 10% de las emisiones de metano para 2038 utilizando GWP*. Sin embargo, las estimaciones realizadas con GWP100 revelan que el país seguiría emitiendo 30 millones de toneladas de metano al año. Más de la mitad de las emisiones de Nueva Zelanda proceden de la agricultura.
Hay algunas preocupaciones válidas en torno al GWP100 porque no tiene en cuenta el hecho de que el metano se descompone mucho, mucho más rápido que el CO₂ - en aproximadamente una década, en comparación con cientos o miles de años para este último.
Así que en 2016, un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford, dirigido por el profesor Myles Allen y la doctora Michelle Cain, desarrolló el GWP* como una medida más precisa. Pero la gente de Changing Markets dice que podría haber serios problemas para aplicarlo en la agricultura.
Esencialmente, la métrica está siendo utilizada por las grandes empresas para eludir su responsabilidad, seguir contaminando como de costumbre, y/o reducir un poco y enmarcarlo como un problema mayor de lo que realmente es.
También puede crear desigualdad si se utiliza a nivel de política mundial, ya que podría recompensar a los países o empresas que más han contaminado históricamente por sus emisiones pasadas, dándoles crédito por ligeras disminuciones, mientras que penaliza a los países con contaminadores históricamente bajos por pequeños aumentos.
Los grupos de la industria cárnica de varios países industrializados presionan ahora para que se adopte el GWP*, afirma Changing Markets Foundation, lo cual busca mantener sus privilegios políticos mientras escapan a la responsabilidad por su contaminación climática y atmosférica. Se trata del excepcionalismo agrícola, que concede un conjunto único de exenciones y privilegios al sector agrícola, permitiéndole operar con menos regulación y supervisión medioambiental y laboral que cualquier otra industria.
Este excepcionalismo, arraigado en mitos románticos sobre la agricultura, ha dado lugar a una importante falta de supervisión sobre cómo se producen los alimentos, mientras que la producción de carne y lácteos se ha beneficiado a través de mayores subsidios, exenciones fiscales e incluso una sobrerrepresentación en el gobierno.
Seguiremos informando de los avances que vaya habiendo en esta materia, así que no olvides leernos.
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